El préstamo entre particulares representa una proporción cada vez mayor de las soluciones de financiación en Francia. Este mecanismo, que permite a dos personas físicas formalizar un crédito sin recurrir a una entidad bancaria, está sujeto a un marco jurídico y fiscal específico.
Desde noviembre de 2023, el panorama normativo de las plataformas de intermediación ha cambiado con la entrada en vigor del estatuto europeo de proveedor de servicios de financiación participativa (PSFP), lo que modifica las referencias para quienes se plantean recurrir a este tipo de financiación.
Estatuto PSFP y estatuto IFP: dos regímenes distintos para los préstamos entre particulares
Comprobar la inscripción de una plataforma sigue siendo una medida útil, pero ya no es suficiente. Desde que terminó el período transitorio europeo, las plataformas que facilitan préstamos remunerados para proyectos comerciales están sujetas al estatuto PSFP, supervisado a escala de la Unión Europea.
El régimen francés de intermediarios de financiación participativa (IFP) no ha desaparecido. Se aplica a las actividades que quedan fuera del ámbito europeo: préstamos sin intereses y proyectos no comerciales. Por tanto, quien se plantee prestar o pedir prestado a través de una plataforma debe comprobar que el estatuto indicado corresponde a la actividad ofrecida, y no limitarse a verificar que existe un número de inscripción.
La consecuencia directa es que una plataforma PSFP financia proyectos promovidos por empresas. No organiza préstamos directos entre dos personas físicas para cubrir necesidades personales. En los préstamos entre particulares, el marco jurídico sigue siendo el del Código Civil y el Código General de Impuestos, con o sin intermediario. Al explorar los préstamos PAP en Smart PAP, encontramos esta lógica de contacto directo entre prestatario y prestamista, distinta de la financiación participativa en el sentido normativo.
Contrato de préstamo entre particulares: los umbrales que generan obligaciones
Ninguna ley exige un contrato escrito para un préstamo de importe reducido. Sin embargo, en caso de litigio, la carga de la prueba recae en las partes. Por encima de 1 500 euros, es obligatorio formalizarlo por escrito para acreditar la existencia del crédito. Se admiten dos modalidades: un contrato de préstamo firmado por ambas partes o un reconocimiento de deuda firmado únicamente por el prestatario.
El contrato de préstamo ofrece más garantías. Establece el importe, el plazo, el calendario de reembolso y, en su caso, el tipo de interés. El registro ante un comisario de justicia otorga al documento una fecha fehaciente, lo que facilita considerablemente un posible cobro de la deuda.
Declaración fiscal para importes superiores a 5 000 euros
Otro umbral genera una obligación fiscal: todo préstamo superior a 5 000 euros debe declararse ante Hacienda mediante el formulario Cerfa 2062. Esta obligación corresponde a ambas partes, tanto al prestatario como al prestamista. No declararlo no invalida el préstamo, pero puede dar lugar a una regularización fiscal.
Los intereses percibidos por el prestamista tributan como rendimientos del capital mobiliario. El tipo de interés acordado no debe superar el tipo de usura vigente, ya que hacerlo puede acarrear sanciones penales.
- Por debajo de 1 500 euros: la ley no exige un documento escrito, pero es muy recomendable para evitar que la operación se considere una donación
- Entre 1 500 y 5 000 euros: es obligatorio formalizar un contrato o un reconocimiento de deuda; no se exige declaración fiscal
- Por encima de 5 000 euros: es obligatorio formalizarlo por escrito y presentar la declaración fiscal mediante el formulario Cerfa 2062 para ambas partes
Recalificación como donación: la trampa fiscal de los préstamos familiares
Es el riesgo más infravalorado de los préstamos entre particulares. Si un progenitor presta dinero a su hijo sin contrato escrito, sin calendario de pagos y sin constancia de reembolsos periódicos, la Administración tributaria puede considerar que se trata de una donación encubierta.
Las consecuencias económicas de una recalificación pueden superar con creces el importe inicial. En ese caso, se aplican los impuestos sobre donaciones, calculados según la escala vigente. Un contrato escrito con un calendario de pagos que se cumpla es la mejor protección frente a esta situación.
Para préstamos de importe considerable, formalizar la operación ante notario ofrece una seguridad adicional. La escritura notarial tiene fuerza ejecutiva: si no se devuelve el dinero, el prestamista puede iniciar directamente un procedimiento de embargo sin tener que obtener antes un título judicial.
Plataformas de préstamos entre particulares y estafas: señales de alerta concretas
Las estafas relacionadas con los préstamos entre particulares suelen seguir un patrón recurrente, a menudo idéntico en todos los casos.
- Un supuesto prestamista contacta con el prestatario a través de las redes sociales o un foro y le ofrece un tipo de interés muy bajo, sin exigir ingresos mínimos
- Antes de transferir el dinero, reclama el pago de «gastos de gestión», «gastos de seguro» o «gastos de notaría» mediante transferencia o giro postal
- Una vez cobrados los gastos, el prestamista desaparece sin haber entregado cantidad alguna
Ningún prestamista legítimo pide que se paguen gastos antes de entregar los fondos. Este principio se aplica tanto a los préstamos directos como a las plataformas. Cualquier solicitud de pago por adelantado es una señal inequívoca de estafa.
Que una web muestre un logotipo no demuestra nada. Antes de iniciar cualquier trámite, consultar los registros oficiales para comprobar el estatuto real de la plataforma es una precaución básica.
Tipos de interés y seguro del prestatario: qué permite la ley
Un préstamo entre particulares puede concederse sin intereses o con ellos. Si se acuerda un tipo de interés, este no debe superar el tipo de usura vigente. Superarlo puede exponer al prestamista a acciones judiciales por usura.
A diferencia de lo que exigen la mayoría de los bancos para un crédito convencional, en este caso el seguro del prestatario no es obligatorio. El prestatario se beneficia así de un menor coste de financiación. A cambio, el prestamista asume por sí solo el riesgo de impago en caso de fallecimiento o invalidez del prestatario.
Para importes elevados, contratar un seguro de fallecimiento e invalidez en beneficio del prestamista es una precaución razonable. Por lo general, cuesta menos que el seguro exigido por un banco, ya que las partes pueden negociar libremente las condiciones del contrato.
La flexibilidad de los préstamos entre particulares, tanto en las condiciones de reembolso como en el tipo de interés, depende de una condición: formalizar cada etapa. Un contrato bien redactado y una declaración fiscal presentada dentro del plazo son la diferencia entre un acuerdo amistoso y un litigio costoso.
